El pasado mes de julio de 2007 escribíamos en un artículo de opinión sobre el anuncio, por aquel entonces, del Gobierno central referido a las ayudas por el nacimiento y/o adopción. Los “famosos 2.500 euros”. Decíamos, a comienzos del pasado verano, que habría que hacer un esfuerzo para pasar de las meras “políticas natalistas” que pretendía el PSOE a conseguir desarrollar las políticas demográficas más modernas que se están consolidando en Europa.

Apuntábamos que era injusto tratar de manera igual situaciones desiguales (no consideramos progresista, al menos los aragonesistas de izquierdas, que reciban el mismo dinero público por el nacimiento o la adopción familias  con “ingresos importantes” que aquellas otras personas con menores recursos) e indicábamos que sería conveniente, a nuestro juicio, introducir en esa propuesta, criterios correctos en función del territorio, si queríamos impulsar las zonas del interior, las más despobladas. Pedíamos poder debatir y plantear alternativas.

Ahora que dicha “ocurrencia” del Presidente Zapatero se ha transformado ya en propuesta normativa denominada “Proyecto de ley por el que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social”, es cuando tenemos la oportunidad, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, de discutir en el Parlamento, de presentar enmiendas, votarlas y, si las mayorías lo quieren, mejorar las características de este texto.

En este sentido, CHA en el Congreso, por medio de su diputado José Antonio Labordeta, ya ha promovido y registrado varias iniciativas al respecto entre la que destacamos una, que si fuera aprobada, permitiría incidir en el impulso de verdaderas políticas territoriales. Se trata de incrementar las ayudas por nacimiento o adopción hasta 4.500 euros para todas aquellas personas que residan efectivamente en municipios con menos de 2.000 habitantes pertenecientes a Comunidades Autónomas que presenten porcentajes de baja densidad de población (treinta puntos por debajo de la media del número de habitantes por kilómetro cuadrado de todo el Estado) y con un alto grado de envejecimiento en la pirámide de edades.

¿Qué pretendemos desde CHA con esta demanda concreta?

Dar respuesta a nuestra nombrada disquisición veraniega y aprovechar este tipo de actuaciones del Gobierno en auténticas políticas demográficas y territoriales. Entendemos, desde CHA, que las dificultades de todo tipo que se presentan para la adopción o nacimiento para los padres y madres que están empadronadas y viven en pequeñas localidades son mayores que la de los núcleos con un número de población más elevado. Este incremento que proponemos podría servir para fijar población y rejuvenecer un medio rural que, en algunos territorios, presenta altísimas tasas de despoblación. Baste recordar que, según las cifras oficiales del INE, Aragón tiene tasas de densidad de poco más de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que todo el Estado supera  los ochenta y ocho h/km2 . Y eso si no descendemos en el mapa hasta la realidad más cercana,  ya que hasta 15 comarcas aragonesas presentan una densidad inferior a los 10 hab/km2, como en las zonas más al norte de Escandinavia. El dato es ya alarmante si profundizamos hasta la realidad municipal: De los 731 municipios aragoneses, unos 600 tienen menos de 1.000 habitantes, otros doscientos presentan una tipología de “municipios terminales”, porque cuentan con más de un 40% de población mayor de 65 años.

Por estos motivos pedimos desde Chunta Aragonesista esta “discriminación positiva” a favor del medio rural con el objetivo de que este proyecto de ley contribuya, en la parte correspondiente, a impulsar políticas de reequilibrio territorial y demográfico.

“No hemos olvidado” nuestra ideología progresista y hemos reclamado igualmente la creación de un reglamento que desarrolle esta ley y establezca la percepción de estas ayudas y deducciones en el IRPF donde se realice un baremo en función de criterios de renta y patrimonio del beneficiario. Se trata de realizar una política progresista donde reciban del Estado los ciudadanos en función de sus ingresos. Destinando más al que menos tiene.

Finalmente para que este proyecto sea más sólido y tenga la perspectiva de conjunto, pasando de “meras políticas de ayuda a auténticas políticas con objetivos” hemos reclamado que, conjuntamente, con Comunidades Autónomas y demás instituciones públicas se elabore una “Programa de Política Demográfica” en el que se incluyan una serie de medidas que sirvan de ayuda para las personas y familias que adopten o tengan un niño/a. Se trata de evitar que nos recreemos en iniciativas aisladas, como las que se contempla inicialmente en este proyecto de ley. Demandamos programas y objetivos coordinados de futuro, proyectos nuevos y específicos para todo el periodo en el intervalo entre el nacimiento y la mayoría de edad: (creación de guarderías infantiles públicas por ejemplo)

El jueves día 18 de octubre de 2007 se celebrará el pleno del Congreso donde se ha incluido en el orden del día la tramitación directa y en lectura única de esta iniciativa legislativa. Esta fórmula adoptada por la Cámara Baja permitirá discutir éstas y  todas las enmiendas parciales presentadas  por los distintos grupos político. Ahí tienen sus señorías la oportunidad de demostrar con hechos y con votos si creen o no en el reequilibrio territorial.

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