El trasvase del Ebro tuvo “sus efectos colaterales” y tan interesada como oportunamente recuperamos un mensaje “la necesidad de políticas activas y ayudas económicas para las zonas del interior”. Zonas históricamente más deprimidas, económica y demográficamente hablando, frente a la riqueza y al crecimiento desmesurado, urbanístico sobre todo de las zonas de la costa (el Levante por más señas).

Desde CHA siempre hemos impulsado el discurso de la vertebración territorial ante la desgarradora realidad de las cifras en Aragón y alentamos la esperanza de colocar este debate en el “primer plano de actuación política” de  “la agenda política”  tanto española como aragonesa. Sin embargo “derogado el trasvase”, pasó como “con el perro y la rabia”, que se  acabó el discurso de los territorios del medio rural y de las políticas de reequilibrio territorial entre el litoral y las zonas de interior.

Por no ser excesivamente exhaustivos pondré solo un ejemplo del letargo en el que han caído estos planteamientos políticos en un tema básico como las infraestructuras. Así el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado, 2005-2020, deja hasta a cinco comarcas aragonesas, para un periodo de quince años, sin un solo kilómetro de carretera dependiente de Fomento, ni de autovía, ni de autopista, ni de ferrocarril, sea AVE o convencional. Hablamos de espacios como la mayor comarca de Aragón, en extensión: las Cinco Villas, unos tres mil kilómetros cuadrados, que aparecen como una “isla” dentro del mapa de ejes pensado por y desde Madrid.

También se han perdido otras oportunidades, en estos años, tal como haber introducido en la última reforma fiscal  realizada por el Ministro Solbes, medidas compensatorias en el IRPF para los que viven en los pequeños municipios, tal y como planteamos desde CHA puesto que los ciudadanos del medio rural debemos gastar mayores recursos económicos para acceder a los mismos o a menos servicios básicos.,

Estos son meros ejemplos, hay más. Ahora tenemos el último y  nuevo “hito” en este recorrido: las políticas “natalistas”, no pueden llamarse de otra manera, planteadas por el Gobierno  de Zapatero.

La diferencia entre “derecha” e “izquierda” se puede medir en muchos parámetros, pero hay dos muy básicos: por una parte impulsar desde el sector público medidas que favorezcan a las personas con menores recursos, propio de las políticas de progreso social,: Y el otro parámetro potenciar los lugares más desfavorecidos, los alejados de las grandes oportunidades empresariales del sector privado. Ambos objetivos son claros para los que pensamos que para la vertebración del territorio y de la sociedad es necesario el concurso de las administraciones públicas tanto del Estado como de Aragón.

El reciente Decreto del Gobierno de ayuda directa a las familias que tengan hijos, los 2.500 euros famosos, no respeta ninguno de estos dos principios. En primer lugar no se discrimina en función de la renta , es decir cobrarán igualmente esta cantidad personas del grupo de los denominados “mileuristas”, que aquellos que tienen grandes ingresos, sean de su salario o de su patrimonio.

En segundo lugar tampoco respeta  el criterio territorial: los habitantes de las grandes urbes, con mayores disponibilidad de servicios cobrarán lo mismo que quienes tienen, objetiva y subjetivamente, hablando menos posibilidades para poder embarcarse en la “decisión vital de tener hijos”: Los habitantes de las zonas rurales.

Desde CHA consideramos que hay que pasar de hacer meras políticas natalistas, más propias de otra época, a plantear políticas demográficas reales, modernas y europeas Hay que ser más ambiciosos, tener más perspectiva,  apostar por destinar más recursos a quienes menos tienen, por crear redes de guarderías en las empresas, por favorecer la conciliación de la vida laborar y familiar, en suma un programa integral no decisiones puntuales.

Y en el plano territorial hay que tomar decisiones más valientes, que favorezcan a los que viven en municipios y comarcas y que están sufriendo el problema de la despoblación y el envejecimiento. Ahí es donde se deben realizar políticas demográficas y territoriales. Estas medidas, positivamente discriminatorias, tendrían a la larga beneficios para todos, para los que viven en la ciudad y para los que vivimos en las zonas rurales, porque lograríamos una distribución más adecuada de la población. Se trataría pues, de primar a aquellas personas que viven en el medio rural y que apuestan por seguir en él. Juristas tiene el Gobierno para darle forma legal a estas propuestas, los que estamos en el compromiso político tenemos que realizar propuestas coherentes con nuestra ideología y CHA así lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura.

Esta propuesta es una medida de un nacionalismo solidario y no  egoísta, como el que siempre propugna Chunta Aragonesista, porque igual beneficiaría a las comarcas aragonesas del Maestrazgo, La Ribagorza, Belchite o Daroca que a las tierras de Soria, Zamora o Palencia. Es obvio que no es una medida para quitar a nadie ayudas sino para que todos puedan beneficiarse, a largo plazo, incluso los que ya no piensen tener más hijos…

Ahora, sólo estamos abriendo el debate pero: “¿Estamos a tiempo, señor Zapatero?”, ¿hará algo, el señor Iglesias, para sacar del “cajón de los olvidos” el “Plan de política demográfica de Aragón” e incluir propuestas más audaces y  lograr el ansiado y necesario reequilibrio de las zonas rurales?”

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